El Gobierno nacional enviará en junio un proyecto que modifica las reglas para corredores inmobiliarios: elimina la matrícula obligatoria, suprime las restricciones territoriales y permite honorarios libres, según el borrador que circula entre actores del sector. El ministro Federico Sturzenegger sostiene que la desregulación fomenta competencia y cita que la oferta de propiedades en alquiler creció 300% y que los valores reales bajaron cerca del 30% desde la modificación normativa previa (DNU 70/2023). Vemos una iniciativa que promete abaratar costos en teoría, pero que abre preguntas fiscales, federales e institucionales urgentes.
¿Qué propone el proyecto y qué argumento oficial presenta?
El paquete legislativo suprime la exigencia de título universitario y la matrícula obligatoria para operar como intermediario, además de eliminar la potestad sancionadora de los colegios profesionales y permitir que controversias se resuelvan exclusivamente en la Justicia. El Ejecutivo justifica el cambio con la misma línea que usó para derogar la ley de alquileres: aumento de la oferta y caída de precios reales, y planea enviar el texto al Congreso durante junio. Según declaraciones oficiales, la oferta en alquileres habría crecido 300% y los precios reales retrocedieron 30% tras el DNU 70/2023; son cifras citadas por el funcionario y deben verificarse con series oficiales antes de considerarlas concluyentes.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino?
La eliminación de honorarios mínimos abre la puerta a acuerdos libres que pueden abaratar servicios, pero también a una competencia por precio que reduzca márgenes y el nivel de atención profesional. En un contexto de alta volatilidad cambiaria y precios, estas modificaciones se leen distinto: el cierre del dólar oficial y blue a $1.430 el último día hábil es un dato que condiciona expectativas de precios y salarios en el sector (ver cierre del dólar). Sin regulación de comisiones, los consumidores podrían encontrar ofertas más baratas, pero también menos garantías sobre titulaciones, seguros de responsabilidad y estándares profesionales que hoy exigen los colegios.
¿Qué implicancias federales, institucionales y fiscales trae la iniciativa?
La eliminación de la exigencia de matriculación por jurisdicción ataca una capa de regulación provincial que tiene impacto fiscal y de control territorial. Si cualquier intermediario puede operar en todas las provincias sin inscripciones locales, los gobiernos provinciales pierden una herramienta para fiscalizar actividad económica y recaudar tasas vinculadas a habilitaciones. Institucionalmente, desplazar las sanciones desde los colegios a la Justicia puede saturar tribunales y retrasar resoluciones; además obliga a pensar mecanismos alternativos de control administrativo. Desde nuestra lente fiscal, exigimos transparencia: ¿quién proveerá los registros públicos de operadores, cómo se financiará la supervisión y qué costos asumirán provincias y municipios?
Qué pedimos y qué pasos mínimos debería incluir la reforma
Apoyamos, en principio, medidas que reduzcan barreras de entrada y fomenten competencia, siempre que vayan acompañadas de transparencia y protección al consumidor. Pedimos al Ejecutivo que el proyecto incluya registro nacional optativo y accesible, exigencias claras de seguros de responsabilidad profesional, cláusulas anti-fraude, y mecanismos rápidos de arbitraje para conflictos de consumo. Reclamamos además impactos fiscales y territoriales explícitos: evaluación del efecto sobre ingresos provinciales y municipios, y coordinación federal para no dejarlos fuera de la gobernanza del mercado. Finalmente, exigimos que los fundamentos empíricos que esgrime el gobierno se publiquen con fuentes verificables para contrastar la afirmación del 300% de oferta y 30% de caída real de precios.
La discusión no es sólo técnica: es también política y federal. Si el objetivo es bajar costos para inquilinos y compradores, los instrumentos deben garantizar calidad, accesibilidad y control público. Sin esas salvaguardas, la desregulación puede recortar tarifas pero aumentar riesgos y asimetrías, especialmente en provincias con menor capacidad de supervisión.
