El 82,8% de las personas que se endeudaron lo hizo para comprar alimentos, según el Latam Pulse Argentina elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, que consultó a 4.844 adultos entre el 24 y el 28 de abril de 2026.

¿Cómo impacta esto en los hogares argentinos?

La encuesta muestra que el endeudamiento es masivo y orientado a la subsistencia: el 33% de los consultados declaró haberse endeudado en el último periodo y el 58% redujo su nivel de gasto mensual, ambas cifras reportadas por AtlasIntel/Bloomberg. Entre las familias con ingresos entre $1,5 millones y $2 millones, el 57% dijo contar con una fuente adicional de ingresos, pero no para mejorar sino para llegar a fin de mes (Latam Pulse). Además, el 45% de quienes tienen entre 25 y 34 años tomó deuda para pagar el alquiler, y el 45% de los endeudados lo hizo para cancelar obligaciones previas (AtlasIntel/Bloomberg). En cuanto a los instrumentos, el 79% usó tarjeta de crédito, el 48% recurrió a una billetera virtual y el 46% tomó un préstamo bancario, lo que revela una mezcla de crédito formal e informal que erosiona la capacidad de recuperación familiar.

Endeudamiento para comer: señales de emergencia social

El dato de que casi 8 de cada 10 endeudados lo hizo para comprar alimentos pone en evidencia una falla en la protección social y en el ingreso real de los hogares (Latam Pulse, AtlasIntel/Bloomberg). El informe remarca que la capacidad de ahorro se volvió excepción y que la movilidad social se frena cuando la deuda sirve para consumo básico. En términos de percepción, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) quedó en -32 puntos, el mismo nivel de marzo, según el mismo informe, lo que indica que la deteriorada confianza no es un episodio puntual. La percepción sobre el mercado laboral también es negativa: 74% evalúa el empleo desfavorablemente, y 58% considera que la situación económica familiar es mala (AtlasIntel/Bloomberg). Estos números combinados anticipan mayor fragilidad ante un shock cualquiera.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno y qué señales genera?

La evaluación política acompaña el cuadro económico: la imagen positiva del presidente bajó a 35,5% y la desaprobación llegó al 63%, según AtlasIntel/Bloomberg. El Índice de Riesgo Político quedó en 48 sobre 100 y el 62% de la población considera probable la aparición de casos de corrupción en los próximos seis meses, cifras que tensan la estabilidad institucional. En este escenario, decisiones como cambios en el equipo económico —oficializados recientemente por decreto— y paquetes de privatizaciones o bonos adquieren un doble efecto: repercuten en la cuenta pública y en la confianza. Por eso exigimos transparencia y auditoría independiente sobre medidas que afectan el ingreso familiar, incluyendo el bono previsional dispuesto por decreto y los procesos de privatización (ver análisis previo sobre el bono y privatizaciones).

Qué políticas priorizar desde lo fiscal y lo social

Frente a una mayoría que recorta consumo y se financia para comer, las prioridades son claras y concretas. Primero, proteger ingresos reales: las paritarias y los programas sociales deben diseñarse para ganarle a la inflación y restaurar capacidad de compra (datos del Latam Pulse muestran prioridad social sobre precios y empleo). Segundo, transparencia: cualquier medida de corte estructural —bonos, privatizaciones, cambios presupuestarios— requiere auditoría independiente y control legislativo para evaluar su financiamiento y su impacto distributivo, como ya hemos planteado sobre el bono previsional. Tercero, regular el crédito de corto plazo que aviva vulnerabilidades: políticas de consumo responsable, límites y supervisión sobre billeteras y tarjetas pueden reducir el riesgo de sobreendeudamiento. Si el 50,3% de los consultados define la corrupción como el problema principal y el 38,5% prioriza el desempleo (AtlasIntel/Bloomberg), las respuestas públicas deben combinar equidad fiscal, control y medidas que recuperen ingreso real y confianza.