El Banco Central (BCRA) consignó en sus estados contables del ejercicio 2025 que los intereses pagados por el uso de US$2.500 millones de la línea del Exchange Stabilization Fund (ESF) ascendieron a apenas US$17.743 (nota 2.2 del balance), una cifra que contrasta con la mención del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, sobre “decenas de millones” de ganancias para el contribuyente norteamericano, según publicó La Nación el 14/5/2026.
¿Cuánto pagó Argentina realmente por el swap?
Vemos dos datos claros en los documentos públicos: el BCRA registró un uso de US$2.500 millones y un costo explícito por intereses de US$17.743, según los estados contables del ejercicio 2025. El acuerdo con el ESF preveía una línea de hasta US$20.000 millones, según el comunicado del Tesoro de EE.UU. y el propio BCRA; la activación parcial y su cancelación fueron anunciadas entre el 18 de octubre de 2025 y el 9 de enero de 2026. Además, en los últimos meses el BCRA realizó compras de DEG a través del ESF por montos equivalentes a US$872 millones (15/10/2025), US$808 millones (29/1/2026) y US$819 millones (28/4/2026), operaciones que figuran en la misma serie de movimientos cambiarios reportados por la autoridad monetaria. Estos números muestran que el costo explícito informado por intereses es extremadamente bajo en términos absolutos frente a los volúmenes movilizados.
¿Por qué difieren las “decenas de millones” del Tesoro y los US$17.743 del BCRA?
La diferencia no implica necesariamente una contradicción técnica, pero sí un problema de claridad. Cuando Bessent habla de “decenas de millones” es plausible que incluya spreads implícitos, ganancias por diferencias de cotización, costos de cobertura o efectos en la valoración de activos denomina-dos en DEG, entre otros mecanismos menos visibles en un balance simplificado. El ESF tiene actualmente un stock equivalente a unos US$173.000 millones en DEG, según el mismo informe periodístico, y las operaciones entre bancos centrales y el Tesoro pueden computar ganancias en distintas partidas contables. Para dar una dimensión: si se interpreta “decenas de millones” como al menos US$10 millones, esa cifra sería unas 563 veces mayor que los US$17.743 registrados por el BCRA, lo que obliga a pedir desglose. El punto central es que los estados contables no detallan cómo se concretó la cancelación ni la fuente específica utilizada para devolver los fondos, un vacío que exige aclaración pública.
¿Cómo impacta esto en el mercado argentino y en la política provincial?
En lo inmediato, la operatoria buscó frenar presiones de liquidez y reforzar reservas: el programa con el FMI de abril de 2025 por US$20.000 millones —del cual ya se desembolsaron más de US$14.000 millones— y las intervenciones del ESF se presentaron como complementos de esa estrategia. Pero la opacidad tiene efectos reales: reduce la confianza y aumenta la sensación de que costos ocultos pueden trasladarse al sector público y, por extensión, a provincias y municipios. En Santa Fe, por ejemplo, la tensión fiscal se percibe en intendencias que denuncian recortes y reclaman coparticipación (ver nota sobre intendentes en Rosario), y cualquier gasto o pasivo no transparentado erosiona la capacidad de recomponer salarios y servicios básicos. La política también juega: el uso de la línea antes de las elecciones legislativas de 2025 y su cancelación rápida alimentan discusiones sobre el timing político de las intervenciones.
Qué exigimos y qué debería publicar el BCRA
Exigimos transparencia fiscal y auditoría pública: el BCRA debe explicar con detalle la estructura de costos de la operación (intereses explícitos, spreads, diferencias cambiarias, costos de intermediación), la fuente concreta usada para la devolución (préstamo con BIS u otro instrumento) y si hubo compensaciones en otras partidas. Además pedimos que ese informe sea cruzado por la Auditoría General de la Nación o por una comisión de la Legislatura para evitar dudas. La ciudadanía y las provincias necesitan saber si hubo costos reales que puedan afectar el presupuesto, las transferencias y la cobertura de servicios. La ausencia de desglose alimenta sospechas y contradice la exigencia básica de rendición de cuentas en materia fiscal y económica.
