El cambio anunciado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), formalizado en el Registro Federal como reglamento 2026-08333 y citado por La Nación, limita a un año la validez máxima de las tarjetas de autorización de empleo (EAD) asociadas al Estatus de Protección Temporal (TPS). Anteriormente algunas credenciales podían emitirse por hasta dos años; la nueva norma elimina esa posibilidad y establece revisiones y renovaciones más frecuentes. Esta es la información central y práctica: menor duración, más renovaciones y tasas que no podrán ser reducidas ni perdonadas, según el texto oficial.
¿Qué cambia exactamente para las autorizaciones de trabajo?
La norma consigna dos cifras concretas: la validez máxima pasa a 1 año y la vigencia previa podía llegar a 2 años (según el Registro Federal, reglamento 2026-08333; La Nación, 2/5/2026). Es decir, la validez máxima se reduce en 50% respecto del esquema anterior, lo que, de modo inmediato, altera la frecuencia administrativa: donde antes podía requerirse una renovación cada dos años, ahora será anual. Según el propio texto, las renovaciones se aprobarán solo por el período máximo permitido (1 año) o por la duración restante del TPS, lo que sea más corto. El cambio aplica tanto a beneficiarios con TPS como a quienes ingresan con permiso humanitario (parole) y soliciten EAD por primera vez.
¿Qué motiva la decisión y qué dice el gobierno estadounidense?
La norma se ampara en dos argumentos principales citados en el Registro Federal y reproducidos por La Nación: fiscal y de seguridad. En materia fiscal, la llamada Ley de Reconciliación H.R.1 exige que el sistema migratorio se autofinancie mediante sus propias tasas; por eso el reglamento incorpora tarifas adicionales y prohíbe su reducción o condonación. En materia de seguridad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que renovar con mayor frecuencia permite actualizar la tecnología antifalsificación en las tarjetas y reducir el uso de permisos vencidos por personas que ya no cumplen requisitos. Es importante notar que el texto oficial no publica en ese fragmento los montos de las nuevas tasas; eso deberá detallarse por USCIS en las circulares de aplicación.
¿Cómo impacta esto en los trabajadores y el mercado laboral?
El efecto práctico es doble. Por un lado, aumenta la carga administrativa para los beneficiarios y para USCIS: al reducir a un año la vigencia máxima, la frecuencia de presentaciones de renovaciones puede incrementarse hasta un 100% frente al esquema de 2 años, lo que implica más trámites y más pagos de tasas por beneficiario (Registro Federal, reglamento 2026-08333; La Nación, 2/5/2026). Por otro lado, las renovaciones más frecuentes elevan el riesgo de interrupciones en las autorizaciones laborales si hay demoras en los procesos o si las personas no pueden afrontar las tasas. Desde la perspectiva del mercado laboral, interrupciones en permisos EAD afectan tanto a empleadores que dependen de mano de obra extranjera como a la seguridad del ingreso de los trabajadores.
Qué preguntas quedan abiertas y qué pedimos desde nuestra perspectiva
Quedan dudas concretas: cuánto costarán las renovaciones anuales (el Registro Federal habla de tarifas adicionales, pero no detalla montos), cómo se protegerá a quienes no puedan pagar y cuál será la capacidad operativa de USCIS para procesar un volumen mayor de trámites sin generar vacíos de autorización. Desde Santa Fe reiteramos una posición que hemos sostenido en temas similares: exigimos transparencia y una auditoría independiente sobre las medidas que impactan el empleo y el ingreso familiar, con desagregación provincial cuando corresponda. Aquí la solicitud es práctica: que el gobierno estadounidense publique el calendario y los montos de las tasas, que las organizaciones que representan a trabajadores informen el número de casos potencialmente afectados, y que se evalúe el impacto laboral real antes de implementar sanciones administrativas que puedan traducirse en pérdida de ingresos.
En síntesis, la norma (reglamento 2026-08333, publicada en el Registro Federal y cubierta por La Nación el 2/5/2026) reduce la validez máxima de las EAD a 1 año, elimina la posibilidad previa de hasta 2 años y obliga a renovaciones más frecuentes y al pago de tasas que no podrán ser perdonadas. Es un cambio que mezcla objetivos fiscales y de seguridad, pero cuyas consecuencias prácticas sobre empleo e ingresos requieren datos públicos y auditoría independiente para medir su alcance y mitigar efectos adversos.
