Un archivo recuperado del celular de Mauricio Novelli documenta un acuerdo por 5 millones de dólares, casi todo destinado a Javier Milei, según el peritaje que cita El Destape y la DATIP. El documento detalla pagos de 1,5 millones como adelanto, 1,5 millones por un tuit promocional y 2 millones tras la firma de un contrato en persona; la fecha de creación del archivo es el 11 de febrero de 2025, tres días antes del tuit que desató el escándalo. Este primer dato obliga a una lectura clara: estamos frente a un rastro documental que contradice la versión pública de ausencia de vínculo y pone en foco tanto el financiamiento como la coordinación de la difusión.

¿Qué dice exactamente la prueba y qué peso tiene?

El dato central es concreto: 5 millones de dólares consignados en un archivo hallado en los dispositivos secuestrados a Novelli, según El Destape y el peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. El texto del archivo desglosa 1,5M en tokens o cash como adelanto, 1,5M por el tuit y 2M por un contrato físico. Además, el peritaje registra la fecha de creación del archivo (11/02/2025) y sitúa transferencias por 1 millón de dólares desde cuentas relacionadas con el CEO de Kelsier Ventures tras el encuentro con Milei. Estos números no son estimaciones: son elementos del expediente que la Justicia debe confrontar con movimientos bancarios, contratos firmados y testimonios.

¿Cómo impacta esto en la política y en la credibilidad institucional?

La secuencia de llamadas registrada en el peritaje añade contexto operacional: llamadas entre Novelli y el Presidente minutos antes y después del tuit del 14/02/2025 y un ida y vuelta con la hermana presidencial que continúa horas más tarde, según la DATIP. Esos registros, junto al archivo con montos y fechas, erosionan la narrativa de un acto fortuito de difusión de un contenido hallado en internet. La política exige respuestas claras: ¿quién recibió cada pago? ¿qué rubros presupuestarios o cuentas privadas financiaron esos montos? Exigimos prueba documental de la secuencia pública versus privada, tal como planteamos previamente: la transparencia en la difusión y negociación del proyecto $LIBRA es innegociable para restaurar confianza.

¿Qué debe hacer la Justicia y qué pregunta se impone para la sociedad?

La Justicia tiene que auditar los movimientos vinculados a los 5 millones, confrontar el archivo con transferencias y citar a declarar a todos los involucrados. También es imprescindible que el Ejecutivo facilite información: versiones públicas de contratos, relación de asesores y detalle de reuniones en la Casa Rosada. No es suficiente una explicación verbal o una eliminación de un tuit; estamos ante alegatos que involucran montos y coordinación. Además, si se confirma la dimensión señalada en la nota —una estafa que, según la misma pieza, habría dejado alrededor de 100 millones de dólares en pocas manos— el Estado nacional y el sistema financiero deben evaluar medidas de bloqueo y reparación para afectados.

Conclusión: transparencia, fiscalización y reglas claras

Vemos tres exigencias mínimas: (1) acceso completo al peritaje y a las pruebas complementarias por parte de las querellas y la prensa, (2) trazabilidad pública de las transferencias vinculadas a Kelsier, Novelli y a cualquier cuenta asociada al entorno presidencial, y (3) publicación oficial de la agenda y contratos del encuentro del 30/01/2025 en la Casa Rosada. La provincia, la ciudadanía y los mercados necesitan certezas. Como hemos sostenido en otras columnas, la transparencia es el primer control contra la impunidad; sin pruebas públicas y verificables cualquier explicación seguirá siendo insuficiente. Para profundizar la discusión sobre transparencia institucional y control democrático conviene releer nuestra nota sobre la reforma normativa y la transparencia, disponible aquí: https://diariosantafe.com.ar/politica/reforma-laboral-un-problema-constitucional-y-de-transparenci-2026-03-14